Una iniciativa impulsada por los legisladores Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social), a partir de un anteproyecto elaborado por el abogado Jorge Rodríguez Robledo fue convertido en ley por la Legislatura de Tucumán. Se trata de la legalización y regulación de las picadas de autos y motos en la provincia. La medida aprobada insta al Poder Ejecutivo a su reglamentación en un plazo no mayor de los 90 días desde su publicación.
A partir de la norma, las pruebas de aceleración sólo podrán efectuarse en espacios habilitados por la Provincia y estarán prohibidas en la vía pública.
La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación, mientras que la Secretaría de Transporte, en coordinación del Ministerio de Seguridad y Defensa Civil se encargará de fiscalizar y controlar que se cumplan las condiciones de seguridad.
En los últimos días, se habían multiplicado las movilizaciones por diferentes zonas de la provincia, convocadas a través de las redes sociales, para supuestamente pedir por la legalización de las picadas. Al mismo tiempo, la policía debió actuar ante la masividad de los encuentros clandestinados organizados, fundamentalmente en la avenida Papa Francisco y en Lomas de Tafí.
Hace algunos meses, Motorplus se hizo eco de la iniciativa y puso en claro su postura.
Las pruebas quedarán circunscriptas a un lugar habilitado (no se dijo cuál, aunque hay versiones que indican que sería un sector del ex autódromo “Nasif Estéfano” o un picódromo). Según la ley, “no se podrán realizar picadas en la vía pública, rutas provinciales y/o nacionales dentro del territorio provincial, como también en cualquier otro establecimiento público o privado, de picadas de autos, motos y otros vehículos”. En caso de incumplimiento, se procederá al secuestro de los rodados y la inhabilitación para conducir, entre otras medidas.
Los sitios para la práctica de las picadas deberán ser inspeccionados por la autoridad de aplicación, antes de cualquier actividad. Estas podrán ser organizadas por personas jurídicas u organizaciones. La fiscalización correrá por cuenta de las asociaciones o federaciones formalmente constituidas, indica la norma.
La ley habla de normas de seguridad adecuadas en el sitio o sitios habilitados, tanto para espectadores como para quienes aceleren vehículos. También de fomento a un nuevo mercado, a la actividad física y al turismo.